En México, el bloqueo de una carretera o la toma de una caseta no es algo inusual. Pasa en muchas partes, por muchos motivos. Ha sido parte del repertorio de lucha social desde hace décadas.
¿Pero qué pasa si se trata de varias casetas en la misma carretera? ¿Qué pasa si la toma de la caseta no es asunto de horas o de días, sino de meses? ¿Y qué sucede si las personas que toman la caseta no se identifican como parte de algún grupo social ni parecen defender una causa distinta a sacarle dinero a los automovilistas? Si todo eso ocurre, tal vez habría que pensar que el asunto no es normal.
Todo esto viene a cuento porque el escenario descrito en el párrafo anterior ha venido sucediendo en Nayarit desde hace varios meses. En la casi totalidad de las carreteras de cuota, algunas concesionadas y otras de Capufe, las casetas están tomadas desde abril. De forma ininterrumpida, día y noche. Y, al parecer, sin que haya alguna demanda específica o petición concreta de las personas que se han apropiado del peaje.
Vale la pena destacar lo novedoso del asunto. En Nayarit, como en muchos otros estados, las casetas han sido tomadas muchas veces por muchos grupos. A finales del año pasado y principios de este, un grupo de ejidatarios tomó diversas casetas protestando por lo que consideraban una compensación insuficiente por parte del concesionario y de las autoridades. Eso es parte del paisaje político y social del país.
Pero tomar casetas sin otro propósito aparente que apropiarse del peaje que le correspondería al concesionario o al gobierno es algo categóricamente distinto, más cercano al saqueo que a la movilización social. No se trata, además, de montos menores. Según la Asociación de Concesionarios de Infraestructura Vial, la toma de las casetas en Nayarit ha provocado una pérdida de 2 mil millones de pesos en peajes no cobrados y 300 millones de pesos en impuestos y derechos.
A pesar de ese impacto, no parece haber reacción de las autoridades federales. El asunto lleva ya casi cuatro meses y la Guardia Nacional no se ha parado por allí para garantizar la operación correcta de las casetas.
Esto lleva a una reflexión más amplia que se empata con lo que comenté el lunes sobre los videos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG): el Estado mexicano tiene una presencia muy frágil en buena parte del territorio. Eso hace posible que alguien se apropie de los ingresos de una carretera federal. O que organice el saqueo de un tren. O haga perforaciones ilegales en ductos de gasolina. O mueva a casi un centenar de personas fuertemente armadas en vehículos blindados y balizados con el nombre de un grupo criminal.
Ese es el problema que, previsiblemente, podría empezar a corregirse con la Guardia Nacional. Los cuerpos intermedios que supuestamente inspiraron la creación de la GN —la Guardia Civil española o la Gendarmería francesa— tienen como propósito básico el control territorial y están desplegados fundamentalmente en zonas rurales y pequeñas poblaciones.
Pero para eso habría que cambiarle el enfoque a la GN, sacarla de las ciudades y dejar de usarla en funciones sustitutivas de las policías locales. Es decir, algo que no va a suceder en la actual administración federal.
En resumen, esto no es solo un problema de Nayarit y de carreteras. Está en juego la autoridad del Estado sobre el territorio. Nada más y nada menos.
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