El proyecto de construir una economía cerrada, prácticamente autosuficiente (autárquica, le dicen los economistas), fracasó en 1982. De hecho, dejó de funcionar desde 1965, el año en que se sembró la mayor cantidad de hectáreas en México, y el último en que se exportó maíz. Aunque hubo crecimiento importante desde 1939 hasta 1965, éste fue producto de tres causas: que no habíamos crecido nada entre 1911 y 1939, que el campo podía financiar una industrialización sencilla (en recursos y mano de obra), y que el resto del mundo tuvo una demanda importante de nuestros productos, desde la Segunda Guerra, y por un tramo de la posguerra.
Para 1965 habíamos agotado los recursos que tuvimos en exceso: tierra, mano de obra, capital (incluso del Porfiriato). Prácticamente todo el crecimiento que se registró desde entonces y hasta 1982 fue deuda externa: vivimos del tarjetazo, para que sea más claro. En 1982 nos vinieron a cobrar, y no tuvimos con qué pagar. Hubo que dedicar el resto de la década a reducir gastos, pagar en abonos, y finalmente renegociar pasivos. Este proceso, seguido de un intento de modernización bastante audaz (incluyendo la negociación del NAFTA), permitió que la imagen de México cambiara, y que nos empezaran a creer. Incluso a pesar de la crisis de 1995. En los siguientes veinte años, y un poco más, se fueron construyendo instituciones, se empezó a respetar la ley, y nos fuimos separando de América Latina.
Eso se ha perdido, en buena medida, y se terminará de perder en los próximos meses. En términos de la presencia internacional de México, de la confianza de los inversionistas, de la seriedad del gobierno, hemos retrocedido 50 años. No menos.
De hecho, el American Petroleum Institute, que agrupa a las empresas petroleras, pide ya a las autoridades estadounidenses hacer uso de las herramientas de TMEC para evitar la discriminación que sufren por parte del gobierno mexicano, que interpreta de forma dudosa, o de plano cambia las reglas. Si esta preocupación se extiende a otras áreas, como telecomunicaciones o automotriz, lo que se pone en riesgo es la mitad del empleo manufacturero, y eso implicaría un retroceso de dos décadas en este renglón.
Aun sin ello, el incremento en pobreza, debido tanto a la pandemia como al mal manejo de ella y la ausencia de un plan de contención económica, superará con claridad el promedio de la década de los noventa (aun considerando el pico de 1996). En el escenario calculado por Coneval, con una caída de 5 por ciento de la economía, pasaríamos de 48.8 a 56.7 por ciento de la población en pobreza. Pero la contracción de la economía superará el 10 por ciento, con lo que seguramente rebasaremos el 59.5 por ciento de esa década. La encuesta de seguimiento que realiza la Universidad Iberoamericana reporta que el impacto se concentra en las personas de menores ingresos, con lo que la desigualdad también crecerá, y apunta a niveles de pobreza superiores a 70 por ciento. Aquí, el retroceso será de tres décadas.
Como le decía ayer, el proceso de destrucción encabezado por López Obrador implica retrocesos de dos, tres, o hasta cinco décadas. Sus defensores afirman que no es así, que la transformación está beneficiando a 70 por ciento de la población, y que es el 30 por ciento restante el que se queja. Me gustaría saber en qué se ha beneficiado ese setenta por ciento. Serán más pobres, la distancia con los que tienen más habrá crecido, su posibilidad de encontrar un empleo bien remunerado se habrá reducido, y la igualdad frente a la ley, paso indispensable para la equidad de oportunidades, habrá retrocedido cincuenta años.
Ni se ha enfrentado la violencia, ni se ha reducido la corrupción, ni el Estado mexicano ha mejorado su provisión de bienes públicos, ni hay más democracia. Nadie, en doscientos años, había sido tan destructivo como López.