Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro. 21 de Febrero del 2019.– Miles de personas de al menos 120 comunidades han sido desplazadas de los alrededores de las minas que están en explotación en Guerrero, especialmente en la zona denominada Cinturón del Oro que comprende la región Montaña, Norte y Costa Grande.
La información se da a conocer por la Red Mexicana de Afectados por las Mineras, tras una firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y los tres órdenes de gobierno con la empresa extranjera Media Luna que opera en la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro del Estado.
Esta empresa junto con otras, ha sido acusada de provocar graves afectaciones al medio ambiente y de ahuyentar a cientos de personas, a quienes ilegalmente, les son despojadas sus tierras y viviendas para ser exploradas por esas compañías.
“Una vez más los corporativos mineros en Guerrero dejan bien claro que no les importa lo que suceda con los daños a la salud y al ambiente, y salen a pregonar que sus inversiones son el mejor remedio para generar progreso y desarrollo en los pueblos circunscritos al llamado cinturón dorado”, se lee en el comunicado.
Agregaron: “lamentablemente parte de su discurso también se encuentra protegido a través de las autoridades de la Universidad de Guerrero con quienes han logrado que la ciencia responda de manera sumisa y mentirosa para el servicio empresarial y no de la sociedad”.
No obstante, dijo esta organización que dicho desarrollo que presumen las mineras gracias a su llegada a Guerrero, no se ve reflejado en los pueblos originarios de la Montaña y Costa Chica, pues las cifras de alta marginación siguen en aumento.
La incursión de mineras en la entidad, no sólo ha desplazado a cientos de familias, sino también dejado pueblos fantasmas, ha agudizado la crisis en el sector educativo y en materia de salud. Sin embargo, insistieron, este “no es tema para los inversionistas, menos aún para los dueños de los consorcios mineros que a través de la explotación desgarran no sólo el territorio sino la vida comunitaria guerrerense”.
Como se recordará, en noviembre del año pasado presuntas policías comunitarias de Tlacotepec irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballos municipio de Leonardo Bravo, y se extendieron días después de este poblado al de Xochipala municipio de Eduardo Neri, corredor controlado anteriormente por el presunto grupo criminal Cártel del Sur.
En declaraciones meses después, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza dijo que la incursión en la Sierra de miembros de ese supuesto sistema comunitario ,no se debe a temas meramente de seguridad, sino para controlar las mineras de Carrizalillo y la de Mezcala, y próximamente para explorar terrenos en la comunidad de Xochipala.
Dicho conflicto ha dejado más de 10 muertos, casas y autos balaceados, decenas de viviendas saqueadas y más de mil personas desplazadas, 500 de las cuales todavía se encuentran refugiadas en Chichihualco, en Eduardo Neri, y que ahora se han plantado a las afueras de Palacio Nacional en la Ciudad de México, ante las falta de acciones que garanticen el regreso de los afectados a sus comunidades. (Agencia Periodística de Investigación)