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Chilpancingo, Gro. 28 de Enero del 2019.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) continúa el proceso resarcitorio contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), del cual se auditan tres procesos fiscales.

De acuerdo al auditor del estado, Alfonso Damián Peralta, se tiene previsto que en el mes de febrero se lleve a cabo una audiencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016, mientras que del ejercicio 2017 están en el proceso de notificación de los pliegos de observaciones, y para el del 2018 están por iniciar la auditoria correspondiente.

En entrevista durante la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Guerrero, el auditor fue consultado sobre los avances que lleva el caso de Capama, por lo que detalló que la ASE tiene tres procesos en tramite de este organismo, de los cuales, el del ejercicio del 2016 es el que va más avanzado, luego de que ya tienen un proceso resarcitorio iniciado. Sin embargo manifestó que la ley marca que se debe de dar la garantía de audiencia.

Los procesos que lleva acabo la ASE se derivan luego de que cuatro ex funcionarios de CAPAMA no solventaron las observaciones financieras que hizo la ASE a dicho organismo paramunicipal.

De la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre, cuatro exfuncionarios tendrán que devolver más de 100 millones de pesos al organismo.

En una entrevista anterior, Damián Peralta dijo que en diciembre inició el procedimiento resarcitorio contra los cuatro exfuncionarios de la Capama de quienes se negó a dar sus nombres pues dijo aún están en proceso y los involucrados serán llamado de nueva cuenta por la ASE para concluir el procedimiento.

Explicó que él personalmente encabezó en varios momentos las visitas domiciliarias y la fiscalización en la Capama y tras detectar irregularidades se le notificó al organismo un pliego de observaciones.

Señaló que en todo el proceso la Capama presentó la documentación, sin embargo, no logró solventar las observaciones que hicieron.

Dijo que en el proceso resarcitorio se volverán a llamar a los exfuncionarios involucrados y otra vez pueden presentar la documentación, pero si no solventan las observaciones financieras como ha sucedido hasta ahora, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración para que se haga un procedimiento de ejecución fiscal y embarguen sus bienes con los que habrán de pagar los más de 100 millones de pesos. (Agencia Periodística de Investigación)