Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 01 de Marzo del 2019.- Integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPEG) denunciaron una serie de agresiones y actos de hostigamiento por parte de la policía del estado y responsabilizaron de estos hechos al Gobierno del Estado.

Arturo Campos Herrera y Kenia Hernández, dirigentes, dieron a conocer que el jueves ocho miembros de la organización fueron golpeados, sometidos y amenazados por elementos de la Policía del Estado afuera de sus oficinas en la colonia Zapata de Acapulco.

Con golpes visibles, los agredidos relataron que eran al menos cinco patrullas quienes incluso cerraron la calle para perpetrar la agresión, les quitaron pertenencias y les rompieron los teléfonos celulares, les quitaron los zapatos y con las cachas de las pistolas los golpearon en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Juan Ramón Ramos, quien observó la agresión, dijo que identificaron entre los agresores al comandante Jesús Hernández quien les reiteró la amenaza, que si no entendían con los que ya estaban en la cárcel, en referencia a los 17 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), les pasaría lo mismo.

Los activistas adelantaron que interpondrán una denuncia formal ante el Ministerio Público de Acapulco, una queja por abuso de autoridad y amenazas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y darán parte a organismos nacionales e internacionales de la actuación del gobierno en su contra.

Juan Ramón, lamentó la actuación de los elementos policiacos, pues dijo que quienes deben proteger a la ciudadanía son los mismos que los agreden sin justificación alguna, dando un trato de delincuentes a quienes defienden los derechos humanos y activistas.

Kenia Hernández, señaló que solicitarán medidas cautelares para los miembros del colectivo, pues agresiones como éstas que provienen del propio estado, los dejan en la indefencion y vulnerables a ser víctimas de atentados en contra de la vida y su integridad física.

Arturo Campos consideró que la agresión no fue casual, y tampoco fue iniciativa de los elementos policiacos, sino que fue ordenada por alguna autoridad estatal, ya sea de la Secretaría de Seguridad Pública, algún funcionario de primer nivel, incluso el propio gobernador, para tratar de desactivar el movimiento.

«No hay condiciones en Guerrero ni en el país para los movimientos sociales, el gobierno federal sigue siendo peligroso, porque siguen matando activistas, el más reciente en Amilcingo, Morelos, están utilizando grupos paramilitares y a la misma delincuencia para contrarrestar los movimientos sociales», acusó. (Agencia Periodística de Investigación)