La noche del viernes 19 de junio, un convoy de unas 15 camionetas irrumpió en la zona rural de Caborca. Los tripulantes, encapuchados y fuertemente armados, quemaron algunos autos y asesinaron a una persona. Horas más tarde, reforzado por diez camionetas más, el convoy ingresó de lleno en Caborca. Según testigos, las camionetas llevaban una X marcada con cinta en las portezuelas.
Al entrar en la ciudad, el comando se dividió. Una parte atacó a granadazos domicilios del centro; otra deambuló por colonias del norte e ingresó en una casa en la que un trabajador de la Universidad fue asesinado por error.
La acción duró cerca de cuatro horas. En ese lapso ocurrió un frenético intercambio de mensajes entre los pobladores y llovieron llamadas al 911. Imágenes de video mostraban a los encapuchados provocando incendios.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad informó que desde la noche del viernes había ordenado el desplazamiento a Caborca “de las diferentes corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno en la región”. Esa noche, sin embargo, ninguna autoridad asomó siquiera la nariz.
Cuando “las diferentes corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno” llegaron a la cabecera, los cuerpos de diez personas estaban ya, con signos de tortura y tiros en la cabeza, abandonados a un lado de la carretera.
El espeluznante video captado a la mañana siguiente por un automovilista, viralizado más tarde en redes sociales, narra con brutal elocuencia la atmósfera en que se halla la región noroeste del estado.
“Aquí nadie quiere hablar. Todo está tomado por ‘ellos’. La gente tiene miedo de que le maten a sus familias”, me explica un periodista local.
Hace un mes se reportó el hallazgo, en el puente de El Mechudo, de dos hieleras con restos humanos. A un lado del hallazgo, la consabida manta:
“Somos la gente de Caro Quintero. Esta plaza nos pertenecía y ahora todos aquellos productores, comerciantes, mineros de la región, tendrán que pagar la plaza. Aquí estamos para limpiar. Somos La Barredora (…) Todos juntos somos el Cártel de Caborca y por lo pronto seguiremos en sus campos y sus casas…”.
El narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los capos más poderosos de los años 80, fue liberado en completo sigilo una madrugada de 2013, luego de permanecer 28 años en prisión por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
El argumento de los jueces fue que su crimen no debió ser juzgado por tribunales federales, sino por uno estatal. En cuanto trascendió la noticia, la DEA puso el grito en el cielo, incluyó a Caro en la lista de los más buscados, ofreció 20 millones de dólares por su captura y aseguró que iba a mover “cielo, mar y tierra” hasta encontrarlo.
Caro Quintero se esfumó a partir de entonces. Anduvo presuntamente en las montañas de Sinaloa. Aunque se las ingenió para hacerle saber al mundo que estaba retirado del negocio, la DEA aseguró que aquello era falso, “porque es lo único que sabe hacer”.
En 2018 la Policía Federal creyó hallar la pista que llevaría a sus agentes a la captura de uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Durante la investigación, los agentes detectaron en calles de Culiacán un movimiento importante de camionetas blindadas. Los vehículos se movían en los alrededores de un inmueble ubicado en las afueras de Culiacán.
El personaje al que el convoy escoltaba, parecía circular con total apoyo de policías estatales y municipales. Una filtración lo puso en alerta. Cuando los federales iban por él, el personaje se hizo humo. Por los objetos abandonados en la casa comprendieron que se trataba de Rafael Caro Quintero, y que se había paseado impunemente en Culiacán con la venia de El Mayo Zambada y los hijos del Chapo.
Las autoridades federales creen que aquella amistad terminó. Que Caro Quintero efectivamente está intentando recobrar un territorio que le perteneció en los años 80, y que ha entrado en pugna tanto con los hijos del Chapo como con el grupo que opera para ellos en aquella región de Sonora: Los Salazar.
En los primeros cinco meses de 2020 los homicidios crecieron 40% en Sonora, en relación con el mismo periodo de 2019 (cifras del SESNSP).
Desde fines del año pasado, la violencia escala como nunca. Las muertes y los enfrentamientos ocurren todos los días. Ahora los narcos irrumpen hasta en las cabeceras municipales, y se mueven en ellas con total impunidad, y durante varias horas, seleccionando a quienes van a ejecutar.
Los habitantes mejor callan. Saben que todo está tomado por “ellos”. Saben el precio que se paga por decir lo que todos saben.