Como en este caso el amenazado es el expresidente Felipe Calderón, un hombre sin partido y de carácter áspero, no hay un levantamiento de intelectuales y humanistas en contra de esa barbaridad.
¿O ya no quedan? ¿Dónde están los demócratas? ¿Se hicieron chiquitos ante un gobernante autoritario?
Así de pronunciada es nuestra decadencia moral y pérdida de valor cívico: sin chistar, se acepta al mandatario anunciar que los delitos no son la única causa para iniciar proceso judicial contra un ciudadano, sino la aclamación popular.
Hace un par de años se tomó como una expresión de campaña del candidato de Morena, pero ahora lo ratifica desde la titularidad del Poder Ejecutivo.
En materia presupuestal, López Obrador quiere plenos poderes para hacer y deshacer con el gasto público según lo considere su peculiar sabiduría. De prosperar, queda anulado el Poder Legislativo.
Desde Palacio Nacional, el lugar donde reside, nos dice que se enjuiciaría a Felipe Calderón, pero “tendría que ser a partir de una consulta ciudadana”. Adiós al Poder Judicial y a la ‘fiscalía autónoma’. La asamblea popular manda.
Eso, con todas sus letras, es un escenario de tiranía.
México no vive en una dictadura, pero AMLO nos dice que para allá quiere ir.
No se trata de un análisis de intenciones, sino de la transcripción de las palabras e iniciativas legales del Presidente.
Su idea manifiesta es arrebatarle las atribuciones al Poder Legislativo en una tarea básica, y que los juicios se hagan a petición popular.
¿No lo vemos, ministro Zaldívar?
¿Qué pasó, señora secretaria Olga Sánchez Cordero?
¿Va a hacer como que no oyó nada, doctor Valadés?
Es una aspiración expresa a la dictadura, sin siquiera cuidar las formas. Polpotiana o pinochetista.
Vamos a caer en la barbarie si no se pone un alto a la pretensión de enjuiciar mediante consultas populares.
Y a la dictadura si no hay una defensa férrea de la separación de poderes, como lo hicieron valientes parlamentarios de PAN, PRI, PRD y MC. López Obrador insistió en la monstruosidad de juzgar gente cuando el pueblo lo pida. No fue casual. El pronunciamiento lo hizo martes, gracias a una pregunta sembrada en su conferencia matutina.
Estuvo en sintonía con la campaña de cartonistas militantes que se comportan como los mastines del soberano.
La consulta popular, inaugurada en este sexenio para destruir obras indispensables e inversiones productivas, ahora se va a usar como herramienta de terror.
¿Juzgamos o no juzgamos a tal ciudadano? Ustedes dicen, con su pulgar hacia arriba o hacia abajo.
También esta locura hay que pararla, desde su intención.
Además, por qué van a juzgar a Felipe Calderón.
Si lo van a juzgar por los asesinatos en su sexenio, a López Obrador tendrían que juzgarlo dos veces porque va duplicar el número de personas víctimas de homicidios dolosos cometidos por sus insólitos amigos, los narcos.
Si lo van a juzgar por haber ‘pateado el avispero’ al lanzarse a la lucha frontal contra el narco, tendrían que enjuiciarlo junto al gobernador que –atinadamente– le pidió entrar con el Ejército a Michoacán porque los grupos criminales se adueñaban de territorio y vidas humanas.
Ese gobernador es el coordinador de asesores del presidente López Obrador.
Si lo van a juzgar por García Luna –que no ha sido declarado culpable–, qué le tocará al actual Presidente luego de que sus subordinados han vendido las jefaturas de aduanas, por donde entra y sale droga, e ingresa el contrabando que compite de manera desleal con el comercio establecido.
Cuando hay delitos que se denuncien con fundamentos se debe investigar y acusar si así lo considera la Fiscalía. Luego, castigar o absolver, de acuerdo al veredicto de autoridades imparciales, es decir, el Poder Judicial.
No es a mano alzada, ya sea con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, como se debe aplicar la justicia.
El solo hecho de plantearlo, horroriza.
Y lo está diciendo nada menos que el presidente de México, quien además controla la votación del ‘pueblo sabio’ con casillas distribuidas a modo, funcionarios de casillas que son de su partido, escrutadores que son de Morena, y veredictos inapelables que se consiguen con el voto del uno por ciento de la población.