*** El presidente municipal de Copalillo donde se encuentran refugiadas las familias, Julián Castro Santos les dice que huyeron de su pueblo «porque algo hicieron»

Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 02 de Enero del 2019.- Indígenas que a principios del mes de noviembre del año pasado huyeron de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, obligados por grupo armado, son ahora objeto de una campaña de criminalización por parte del presidente municipal de Copalillo, donde se encuentran refugiados.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, quien participó en una reunión que sostuvieron miembros de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (UOCIP), en el municipio de Atenango, donde acordaron iniciar un plan en defensa de los desplazados.

El activista expuso, que desde el primer día que llegaron los desplazados huyendo de Tlaltempanapa, la intención del presidente municipal panista, Julián Castro Santos, fue de que no se quedaran en su municipio y siguieran su camino, hacia Atenango o a la capital del Estado.

A casi dos meses de su estancia bajo una cancha techada, sin protección del aire y el frío, el alcalde ha implementado una serie de “consultas” con la población para determinar si se quedan o los echan del municipio, con el argumento de que “seguramente vienen huyendo porque algo hicieron en su pueblo”.

La oleada de señalamientos, que los involucran con la delincuencia organizada, arreció luego de que el dirigente de la UOCIP, Getulio Ramírez Chino, donara un terreno para la reubicación de las 18 familias desplazadas, a lo cual se oponen los seguidores del alcalde panista.

“Es una campaña de revictimización, de desprestigio, y tratando de crear un ambiente de hostilidad en contra de los desplazados para que puedan irse de aquí, y no quedarse en la cabecera municipal de Copalillo”, reiteró.

Ante esta situación de abandono y revictimización, dijo, el Gobierno del Estado ha sido omiso, al no garantizarles sus derechos a la seguridad, salud, vivienda y educación, por lo que en este año que inicia continuarán con la exigencia de apoyo para las víctimas del desplazamiento forzado.

Una de las demandas principales, es que se aplique la Ley 487 se aplique, a pesar de que no esté reglamentada, porque urge atención conforme a derecho para las víctimas del desplazamiento, “no solamente la reubicación, sino también la justicia y la búsqueda de sus desaparecidos”.

Y es que recordó, las 71 personas que se encuentran refugiadas en Copalillo huyeron el 04 de noviembre del año pasado, luego de la desaparición de tres personas, quienes presumen podrían estar muertas, pero quieren acudir a buscarlas con el apoyo del Ejército Mexicano. (Agencia Periodística de Investigación)