Juan Blanco/API
Chilpancingo, Gro. 11 de Diciembre del 2018.- En medio de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que ordenó la Corte, un grupo de personas que dijeron ser del Comité Pro-Dignificación del Poder Judicial Federal (PJF), plantearon a integrantes de la Cámara Baja un juicio político contra funcionarios que perciban salarios mayores a los del presidente de la República.
Para hacer efectiva la solicitud, este martes en diversas regiones de la entidad, esa agrupación conformada por maestros en derecho y abogados, instaló mesas para recolectar firmas de los ciudadanos, mismas que, al término de la campaña, serán enviadas al Congreso de la Unión.
En entrevista en una de las mesas receptoras, establecida en el kiosco del zócalo central de Chilpancingo, Gabriel Alonso Márquez sostuvo que ministros, jueces, magistrados y consejeros obtienen remuneraciones superiores al mandatario nacional al margen de la ley, en este caso al de Andrés Manuel López Obrador, quien gana 108 mil pesos mensuales.
“Las conductas de los trabajadores del Poder Judicial (PJ) violan la fracción segunda del artículo 127 constitucional. Nosotros no vamos a hacer señalamientos personalizados, será el Congreso de la Unión que haga la investigación correspondiente y determine qué hacer”, indicó.
El juicio político, plantearon los artífices de esa petición, sería para funcionarios del PJ que comenzaron a desempeñar su cargos a partir del 2009 a la fecha, quienes además deberán devolver las remuneraciones.
“No basta con sólo separarlos de sus cargos: tienen que regresar el excedente que cobraron y si van más allá, incluso deberá enfrentar un recurso penal porque nadie puede violar la Constitución”.
Recordó: “todo funcionario o servidor público al tomar protesta jura respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución; entonces, no es posible que el Poder Judicial encargado se salvaguardar la Constitución, sea quien la viole”.
Para el caso de Guerrero, la recolección de firmas será también con el fin de pedirles a los legisladores la homologación de salarios de trabajadores del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el del Tribunal Superior de Justicia. (Agencia Periodística de Investigación)