Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 03 de Enero del 2019.- La violencia que ha generado la delincuencia organizada en las diferentes regiones del Estado de Guerrero, dejó al menos ocho mil personas desplazadas de sus comunidades, dio a conocer el director del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández”.

El desplazamiento forzado en Guerrero se visibiliza a partir del 2011, luego de una ola de asesinatos a defensores de los bosques en comunidad de La Laguna y Hacienda de Dolores en el municipio de Coyuca de Catalán, por lo que las familias salieron huyendo hacia Puerto las Ollas, municipio de Petatlán.

Los siguientes desplazamientos se registraron en comunidades de Teloloapan, Apaxtla de Castrejón y San Miguel Totolapan en las regiones Norte y Tierra Caliente, cuyos casos no han sido contabilizados y rara vez documentados, por lo que no hay cifras oficiales al respecto.

Sin embargo, en Teloloapan se tiene conocimiento de al menos 10 localidades consideradas “pueblos fantasma”, en los límites con el municipio de Arcelia, mientras que en San Miguel Totolapan, la última información proporcionada por El Movimiento por la Paz es de alrededor de 12 mil desplazados.

El 06 de enero de 2016, un grupo armado irrumpió a balazos a la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, con un saldo de seis muertos, masacre que dio paso al desplazamiento forzado de más de 100 personas, es decir, más de la mitad de la población.

En este 2018, los desplazamientos continuaron en comunidades de la zona serrana de la Costa Grande, la Montaña Baja y Norte principalmente los municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, donde suman alrededor de 20 comunidades desplazadas, a las cuales no se ha dado atención.

“En el estado de Guerrero, tenemos más de cinco mil desplazados que no han sido atendidos, sólo de los desplazamientos que se han dado de manera masiva, sin contar los que desplazamientos que se dan de manera parcial, de los cuales no queda ningún registro, por lo que podrían llegar a ser hasta ocho mil”, dijo.

Los casos más recientes y que se dieron de manera masiva, fue el desplazamiento de 18 familias de la comunidad de Tlaltempanapa municipio de Zitlala, hacia el municipio de Copalillo el 04 de noviembre y el de al menos 10 localidades de la sierra del municipio de Leonardo Bravo el día 11 del mismo mes.

Las causas de la invisibilización del desplazamiento forzado es la falta de organización entre las víctimas, quienes por el terror vivido salen por sus propios medios a las zonas urbanas, donde después se dispersan en las ciudades o a otros estados de la república, sin hacer las denuncias.

En Guerrero, existe desde hace más de dos años la Ley 487 de Atención y Prevención del Desplazamiento Interno, la cual no se está cumpliendo ante la falta de una reglamentación, que luego de su aprobación quedó como una ley general, y que ha sido una exigencia al Congreso Local para que se reglamente. (Agencia Periodística de Investigación)