Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 11 de Febrero del 2019.- Jubilados y pensionados del sector educativo del estado de Guerrero, anunciaron una serie de movilizaciones y denuncias ante organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales para que se obligue al Gobierno de Guerrero a que les pague prestaciones con retrasos de hasta cinco años a más de cinco mil agremiados al SNTE.
Los Jubilados y pensionados sostuvieron una asamblea general este lunes en el edificio sindical de la CETEG, para determinar nuevas acciones a emprender, puesto que el Gobierno del Estado se niega a pagar prestaciones que llevan hasta un año de retraso, sin ver ningún avance en las gestiones.
Entre los adeudos están los 300 pesos mensuales del Plan de Previsión Social (PPS) a todos los jubilados, que para quienes son de edad avanzada representa un ingreso para atender enfermedades, muchos de ellos que ya son crónico-degenerativas y de alguna forma es una solución a sus problemas.
“Estos señores del PPS se han estado enriqueciendo a costa de los trabajadores, jubilados y pensionados del estado, porque hay un adeudo, un desfalco de esa empresa por más de 12 mil millones de pesos, desde 1996 a la fecha, donde han saqueado este programa, lo que los ha dejado en condiciones de vulnerabilidad al dejar de emitir créditos”, explicó Pedro Gómez Pinzón, representante de los jubilados a nivel estatal.
Funcionarios de la Secretaría de Educación, dirigentes sindicales charros e institucionales, dijo, han saqueado este programa, enriqueciéndose a costa de agremiados activos e inactivos y son los responsables directos de la quiebra del PPS.
Reconoció que si ha habido auditorías internas al programa, pero han sido a modo de funcionarios y dirigentes en turno, quienes con total complicidad han salido bien librados de toda responsabilidad, pero los trabajadores tienen bien claro quiénes son los responsables, pero nadie interviene para castigarlos.
Hay otro grupo de más de 3 mil agremiados a quienes se les deben alrededor de 30 mil pesos por concepto de estímulo a la jubilación desde 2016, y a pesar de que es dinero que han ahorrado durante su vida laboral las autoridades se los están reteniendo.
Consideraron que ya no puede seguir así esta situación, por lo que esta vez acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y ante otras instancias internacionales de Derechos Humanos que vigilen y obliguen al Gobierno de Guerrero a cumplir con sus trabajadores.
Asimismo informaron que la Aseguradora Mafer no ha pagado las indemnizaciones a trabajadores que han fallecido de 2014 a la fecha, dejando a sus familiares en el desamparo, empresa que ha sido contratada sin tener un domicilio fiscal fijo “andan de ambulantes para que no se les pueda exigir lo que corresponde a los trabajadores”.
Otro de los adeudos es el 2 % del SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, “Es un robo descarado el que nos hace el Gobierno del Estado, ya acudimos ante instancias federales, pero nos han dicho que es competencia absoluta de las autoridades estatales”. (Agencia Periodística de Investigación)