Caso #AguasBlancas no se olvida. Un genocidio que a 25 años, aún espera justicia.
UN DÍA COMO HOY; 28 de junio pero de 1995, ocurrió un crimen de estado, cometido por la policía estatal de Guerrero. En el vado de Aguas Blancas (municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande). 17 campesinos fueron asesinados y 23 resultaron heridos, la mayoría de gravedad.
Efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir una manifestación de la OCSS. Los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez, el municipio vecino en la Costa Grande de Guerrero. Iban a exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero Vázquez, que estaba desaparecido, y fertilizantes, láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros insumos agrícolas para familias pobres de comunidades de cinco municipios.
Al día de hoy, un vacío sigue presente en los familiares de las víctimas, a pesar de la resolución en 1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde atribuyó la mayor responsabilidad de esos hechos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y al presidente de la República, Ernesto Zedillo, ninguno pisó la cárcel. El juez tercero de primera instancia en materia penal, prácticamente sentenció no por homicidio calificado sino por homicidio simple a los policías.
A 25 años de esta masacre, tenemos un viejo sabor amargo en la boca, porque realmente nunca se castigó a los responsables.