Bernardo Torres/API
Chilpancingo, Gro. 22 de Enero del 2019.- Organismos civiles de derechos humanos exigieron a Ias autoridades estatales y federales cumplir Ias recomendaciones y que se inicien Ias investigaciones penales y administrativas contra policías estales, federales, miembros del Ejército Mexicano y de la Secretaria de Marina implicados en el asesinato del activista Antonio Vivar el 07 de junio de 2015.
En conferencia de prensa, los Centros de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” Tlachinollan, urgieron a que se agilicen las investigaciones por tortura a los detenidos y la indagatoria por el asesinato de Antonio Vivar, que permanece estancada en la Delegación de la Procuraduría General de la República (Fiscalía General de la República) en Guerrero.
“Nos preocupa que pese a la existencia de recomendaciones de organismos nacionales e intemacionales que condenan el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales y la tortura como método de investigación y de castigo, continúe siendo un patrón de conducta de los cuerpos de seguridad pública”.
Lo más grave, insistieron, es que Ias autoridades se hagan cómplices de estas actuaciones al mantener intacto el pacto de impunidad con los perpetradores.
El 27 de diciembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió Ia recomendación 85/2018 por los hechos de los días 5 y 7 de junio de 2015 en la ciudad Tlapa de Comonfort, en los que varios profesores y luchadores sociales fueron detenidos arbitrariamente y torturados.
En esos mismos hechos Antonio Vivar Díaz fue asesinado por policías federales; Estos acontecimientos se suscitaron en el marco de la jomada electoral en la que varias organizaciones sociales y magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) se hicieron eco del llamado de Ias madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de boicotear Ias elecciones del 2015.
En la recomendación Ia CNDH establece que policias estatales, federales, miembros del Ejército Mexicano adscritos al 93 Batallón de Infantería y de la Secretaria de Marina incurrieron en violaciones contra activistas sociales los dias 5 y 7 de junio. La policía estatal torturó y lesionó a varias personas el 5 de junio quienes apoyaron a grupos de choque que arremetieron contra los manifestantes.
El 7 de junio Ia policia federal detuvo sin orden de aprehensión a 8 personas que fueron conducidas al 93 Batallón de Infantería de Tlapa para trasladarlos en helicóptero al puerto de AcapuIco sin motivo legal alguno. La noche de ese mismo dia la policia federal arremetió contra los colonos del Tepeyac quienes previamente retuvieron a 35 policías en respuesta a Ias detenciones ilegales y por querer llevarse los vehiculos de la CETEG, donde fue asesinado Antonio Vivar.
La CNDH recomendó a Ia Secretaria de Defensa Nacional que colabore con las investigaciones y quejas ante los órganos de control interno en contra la detención y retención de 8 personas el día 7 de junio y designe a un funcionario de alto nivel para que funja como enlace de veriñcación del cumplimiento de la recomendación.
Al Procurador encargado de despacho continuar con las investigaciones de la averiguación previa 5, la que se inicie por tortura y por las sustracciones de pertenencias y dinero en agravio de los ocho detenidos. De igual forma pide se designe personal de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de Ia recomendación.
AI Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana recomienda repare el daño, a los detenidos, lesionados y torturados, así como a los familiares de Antonio Vivar, además de brindar atención psicológica y tanatolégica a los familiares de Antonio Vivar.
Al Gobernador recomienda que repare integralmente el daño a Juan Tenorio, Leogín y otro profesor que manejaba el carro del sonido el día 5 de junio del año 2015. Colabore con las investigaciones y quejas que se inicien en contra de servidores públicos del Estado al Fiscal del Estado recomienda que colabore con las quejas que al efecto se inicie por las omisiones de personal Ministerial en las indagatorias.
Los organismos de Derechos Humanos, exigieron además el cese de la persecución contra luchadores sociales y Ia cancelación de Ias órdenes de aprehensión contra los activistas que protestaron los días 5 y 7 de junio, reparación del daño y garantías de la no repetición de los hechos. (Agencia Periodística de Investigación)