Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo .-La falta de estudios a los cadáveres depositados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), -que según la dirección de la institución suman 750-, frena los esfuerzos de las familias de los distintos colectivos que buscan a sus desaparecidos, y a su vez el gobierno del estado incumple una obligación legal de hacer· los, denunciaron los representantes de los colectivos de Chilpancingo y Acapulco.

La presidenta del Colectivo de Padrés y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado y en el País, Guadalupe Rodríguez Narciso declaró que por el retraso en la aplicación de las pruebas del ADN a los cientos de cuerpos depositados en  el semefo, en su reciente huelga afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, demandaron que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que se encar­gue de la práctica de los estudios.

Dijo que tes respondieron que con la nueva ley la federación aporta los recursos para que se hagan en los estados, pero en Guerrero la Fiscalía siempre argumenta que no hay recursos, y que no cuentan con equipo ni material para esas pruebas.

Desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo supuestamente se instaló un “moderno equipo con tecnología de punta” para tomar las muestras del ADN con rapidez para la identificación de los cuerpos, para el que hubo una inversión de 92 millones 887 mil pesos, pero según personal del Semefo de Chilpancingo nunca constataron el uso ni la existencia de ese equipo.

El viernes el director general del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa informó que existen depositados bajo el resguardo de esa institución en Acapulco, Chilpancingo e Iguala 750 cadáveres problema que se ha generado por el incremento de la violencia en la entidad, pero también por el retraso “más de lo debido” de los Servicios Periciales de la Fiscalía para la practica de los exámenes de genética forense, antropología y dactiloscopia.

Según los trabajadores del Semefo de Chilpancingo la cifra de cadáveres es un récord e histórica” y rebasa la capacidad de la, instalaciones de las tres ciudades que son sólo para 270 cuerpos.

El presidente del colectivo de Acapulco, Ciro Fuentes denunció que las autoridades estatales siempre se quejan de que no cuentan con recursos, con equipo ni material como los reactivos, «y este año menos habrá recursos, todo lo van a destinar a las campañas políticas”, advirtió.

Informó que también por la falta de equipo y recursos desconfían de los estudios que ya se han hecho a los cadáveres, que han sido enviados a la fosa común y al Panteón Estatal Forense. “y creemos que habrá entre ellos algunos de nuestros familiares que están desaparecidos y que andamos bus­cando”.

Denunció que al no hacer las pruebas del ADN a los cadáveres para la confronta con los resulta· dos de las que se han hecho los familiares, “la autoridad va frenando y obstaculizando los esfuerzos que realizan los familiares que buscan a sus desaparecidos”.

Incluso en el caso de los estudios que ya se han hecho a algu­nos de los cuerpos que han ido a parar a la fosa común o al Panteón Estatal Forense, “no nos han dado una satisfacción de que hicieron bien las cosas “tenemos muchas dudas y desconfianza en la autori­dad”.

Ciro Fuentes declaró que las pruebas a los cadáveres es una de las demandas que han planteado con más insistencia, que también han pedido las exhumaciones a varios cuerpos en los panteones para que se les hagan las pruebas de ADN y poder confrontarlas con los resultados de las que se hicie­ron las familia pero no han tenido respuesta.

Por su parte la representante de los familiares de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez exigió a las autoridades “que se pongan a tra­bajar y agregó que la existencia de tantos cadáveres en las instalaciones del Semefo es la prueba de que el Estado no ha cumplido con su obligación legal.

Añadió que en su huelga de hambre del 17 al 30 de enero afuera de la Segob, una de las deman­das fue que la federación atraiga esa obligación que el estado no ha hecho, “pero nos dijeron que con la nueva Ley de Desaparición Forzada hay presupuesto para los estados y que los van a obligar a que hagan los estudios a todos los cuerpos que tienen”.

Se quejó de que sin esos estu­dios nunca van a lograr encontrar a sus familiares desaparecidos. «aún cuando a nosotros ya se nos hizo el estudio del ADN, si a los cadáveres no se les práctica no podrá haber la confronta y nunca los vamos a encontrar, por eso para nosotros tiene una importan­cia en que se realicen”.

Denunció que del gobierno del estado no querían hacer nada, y que las autoridades prefirieron instalar el Panteón Estatal Ministerial, “que en nada nos beneficia”.

Rodríguez Narciso denunció que el recurso que les envió la federación para la práctica de las pruebas lo destinaron para la cons­trucción del Panteón Estatal Ministerial, que no sirve en nada para la localización de las personas desaparecidas.

Declaró que la Fiscalía siempre ha tenido presupuesto para los estudios, pero dice que no hay recursos. “entonces lo que vamos a hacer ahorita es a obligarlos a que trabajen porque ya estamos cansa­dos de tocar puertas y que nadie nos dé esperanzas”.

Informó que según informa­ción que les dieron en la PGR el costo para la práctica de los estudios es de 15 a 20 mil pesos, y que el tiempo puede ser de una sema­na a 6 meses según las condicio­nes en que se encuentren los cuer­pos.

Informó que en su visita a la PGR demandaron que si en el estado no hay presupuesto y equipo que contraten servicios particu­lares, para que todos los cuerpos que estén en las morgues se entreguen a sus familiares pero que no ha ocurrido porque les hace falta su ADN, de lo contrario el gobierno está atentando contra los dere­chos de esos seres “porque fueron personas que también tienen derechos”.

Informó que con la nueva Ley de Desaparición Fom1da el gobierno estatal tendrá que traba­jar tanto con los cuerpos como en la búsqueda de los desaparecidos, de lo contrario advirtió que van a proceder con acciones legales.

Denunció que los familiares han trabajado en la búsqueda de sus familiares con sus propios recursos.

A pesar de que la Fiscalía argumenta a los familiares de personas desaparecidas que no cuenta con recursos ni equipo para los estudios,el 28 de mayo de 2010 el gobernador Zeferino Torreblanca inauguró el Laboratorio de Genética Forense de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy FGE), y el 14 de octubre de ese año entregó a la Dirección de Servicios Periciales el equipo de laboratorio.

Entoncs se dijo que era, “un moderno equipo con tecnología de punta”, y Torreblanca detalló en su quinto informe que la edifica­ción y equipamiento del Laboratorio de Genética Forense tuvo una inversión global de 92 millones 887 mil pesos.

El laboratorio está ubicado en el edifico de Servicios Periciales, atrás de las instalaciones de la FGE

En su inauguración se informó que serviría para la identificación de cadáveres, pues se podrían practicar allí estudios para determinar la identidad de personas o réstos óseos y con ello localizar a personas desaparecidas por medio de la construcción de ADN y la tipificación genética.

También se informó que el equipo cuenta con sistemas auto­matizados de extracción, secuenciación y cuantificación de mate­rial genético a través de Un robot de extracción que trabaja 16 muestras de forma simultánea y que con ello “se disminuye el tiempo en los dictámenes y se reduce la probabilidad de contaminación para lograr resultados confiables”.

Se supone, por la información que se dio el día de la inaugura­ción, que hay una cámara frigorí­fica que conserva los restos óseos sin que sufran mayor degradación de tos tejidos, así como con área de entomología forense, “que determina en base a la fauna cada­vérica el intervalo de tiempo de muerte’ .

Sin embargo, trabajadores del Semefo de Chilpancingo aseguraron que nunca han visto trabajar ese equipo por Servicios Periciales en la aplicación de muestras a los cuerpos, suponen que hace falta personal capacitado para utilizarlo, o bien que el equipo nunca existió, pues el lugar en donde supuestamente fue instala­do es un área restringida a la que según les han contado los de esa Dirección, el personal no tiene acceso.