El
 exprocurador de Justicia de Guerrero escribe para ejecentral un texto en el que ofrece nuevos datos sobre los meses previos y posteriores
 a la desaparición de 
los normalistas de Ayotzinapa
17 de mayo de 2018

Recientemente se publicó en medios un conjunto de transcripciones relacionadas con los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, en las que se da a entender que pudo existir colusión entre algunas organizaciones criminales y yo, en mi papel de procurador de Justicia del estado de Guerrero.

Tal situación afecta mi imagen y la de la institución que encabecé durante 2013 y 2014, al vincularme directa o indirectamente con la comisión de hechos delictivos. Lo cierto es que desde el momento en que asumí esa titularidad, me comprometí a combatir a la delincuencia, tal como lo he hecho cuando he tenido oportunidad de desempeñar tareas de procuración de justicia.

Por ello, no debe olvidarse que además de haber encabezado la Fiscalía, también he prestado servicios para la Procuraduría General de la República (PGR) en distintos momentos. Fui una de las personas que tuvieron a su cargo dos de las investigaciones más importantes en la historia reciente de nuestro país: los homicidios del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. De igual manera, fui coordinador general y titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO); así como delegado de esta institución en Guerrero.

En cuanto a los señalamientos en cuestión, cabe acotar que al estar al frente de la Fiscalía General no ostentaba un poder omnímodo; al contrario, tenía funciones y facultades específicas como titular de dicha institución, al igual que como parte del gabinete de seguridad estatal y del Grupo de Coordinación Guerrero.

Si hubiese existido alguna relación con las organizaciones delictivas vinculadas al Caso Iguala, como Guerreros Unidos y Los Rojos, cabe preguntar por qué la Fiscalía a mi cargo investigaba a la primera de ellas meses antes de lo ocurrido en Iguala, en estrecha colaboración con la PGR, siendo la instancia generadora y de intercambio permanente de información (nombres y posibles domicilios de algunos de sus integrantes —autoridades municipales, operadores o líderes de Los Tilos o Los Peques–, números telefónicos, hallazgo de fosas y un narcolaboratorio, exhumación de osamentas, declaraciones de testigos (Nicolás Mendoza Villa y Ernesto Pineda Vega) sobre el tema con el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), la Policía Federal y el Ejército, además de mantener al tanto al Grupo de Coordinación Guerrero.

Autoridades
estatales. Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero (izquierda), e Iñaky Blanco, procurador de Justicia del estado, durante una conferencia de prensa por el caso Iguala, el 1 de octubre de 2014.

Cabe preguntarse por qué actué con inmediatez en la atención del asunto y por qué consigné a 33 personas vinculadas a Guerreros Unidos, 22 de ellas agentes de la policía municipal, quienes fueron identificados en carácter de probables responsables de la agresión contra los normalistas en cuestión de horas, a partir del trabajo policial, pericial y ministerial.

Es oportuno inquirir también por qué a mi llegada a la ciudad de Iguala, instruí al personal policial ministerial que se diera a la tarea de buscar y resguardar en las instalaciones de la Fiscalía regional a estudiantes dispersos, que huían o se escondían de sus agresores, habiendo logrado rescatar a poco más de 60, tal como consta en el respectivo reporte de incidencias.

Si bien es cierto, la responsabilidad, mando y conducción de la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito están a cargo del Ministerio Público, también lo es el testimonio de las víctimas que suele ser de suma importancia para la pronta determinación de las indagatorias. No existe impedimento legal para que las víctimas coadyuven con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos en razón de ser quienes por su calidad de afectados y ser quienes resintieron directamente el daño o la lesión, se encuentran en posibilidad de aportar información que fortalezca las líneas de investigación.

En el caso que nos ocupa, una vez que los representantes legales de las víctimas llegaron a la Fiscalía Regional de Iguala, se dio la instrucción de que no declararan, lo cual, indudablemente, fue una acción que obstaculizó u obstruyó la labor investigadora, al impedir que se aportaran mayores elementos para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometieron distintas conductas delictivas, al igual que la identidad de los probables responsables y que se implementaran las medidas cautelares correspondientes.

Al momento en que se da a entender en las citadas transcripciones (de la DEA) que existe algún tipo de relación entre el exfiscal General y la organización delictiva Los Rojos, es dable señalar que nunca en la historia de Guerrero se detuvieron a tantos integrantes de esa agrupación como en la época en que encabecé al Ministerio Público estatal, ni antes, ni después.

En colaboración con la Policía Federal, se detuvo a casi 100 integrantes de tal organización, entre ellos a varios de sus líderes o cabezas visibles; algunos familiares del hoy prófugo Omar Cuenca Marino, de quien se sabe, existen alusiones o referencias en el caso Iguala; a Carmen Nava Romero La Doña; a Lizbeth Cantoran Guerrero La Güera Guerrillera, y al oficial mayor de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda. La Fiscalía General dio a conocer información oficial sobre el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional región centro, celebrada a principios de septiembre de 2014, en la Ciudad de México.

Cabe destacar los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores, ordenado por Jorge Higashi Chávez, alias El Chino o El Japonés, a quien en su momento se consideró segundo en la estructura de mando del grupo criminal y que recientemente fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada por mí, así como el atentado que sufriera el empresario miembro de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) del estado, Pioquinto Damián Huato, donde como resultado de la intervención de la Fiscalía General se detuvo a más de 30 integrantes de Los Rojos, tal como se hizo público en su oportunidad.

De igual manera, debe tenerse presente que durante los meses que estuve al frente de la Fiscalía General se alcanzaron resultados relevantes en lo concerniente a los homicidios de personas identificadas como “luchadores sociales”, a saber: Juventina Villa Mojica y su hijo, Reynaldo Santana Villa; Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo; Raymundo Velázquez Flores; Samuel Vargas Ramírez; Miguel Ángel Solano Barrera —integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ)— y el de María Edy Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz, integrantes de la organización ecologista Guerreros Verdes, en todos los cuales hubo detenidos e incluso hay sentenciados.

En coordinación con la Procuraduría General de la República, se hizo del conocimiento público el estado que guardaba el caso (secuestro agravado) de los ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz. No se omite señalar que en varios de los casos expuestos se dijo que se trataba de “crímenes de Estado”, sin que en uno solo de los mismos se hubiesen encontrado datos de prueba o evidencia en tal sentido.

También se logró la obtención de la orden de aprehensión contra el exalcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, y el esclarecimiento del homicidio del señor Arturo Rivera Olivera, coordinador municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Metlatónoc.

Sin acuerdos ni alianzas
Resulta relevante que en poco más de un año, la Fiscalía General a mi cargo detuvo a 403 secuestradores, siendo ésta la cifra más alta alcanzada en ese entonces a nivel nacional y en la historia del estado de Guerrero. Como consecuencia de ello se desmantelaron 70 bandas dedicadas a la comisión de dicho ilícito, conformadas por integrantes de distintas organizaciones delictivas, entre estas Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Ardillos.

No es de soslayar que el desmantelamiento de todas esas organizaciones trajo como consecuencia una disminución significativa en la comisión del ilícito de secuestro en los años más recientes en el estado de Guerrero.

Conforme a información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo que encabecé la Fiscalía General, se alcanzó una incidencia delictiva a la baja. Para el caso del secuestro hubo una disminución del 48%, de un 35% tratándose de homicidios dolosos, de un 8.6% en la comisión del delito de extorsión y de un 16.7% en el robo de vehículos.

El combate a la delincuencia no admite acuerdos, pactos o alianzas. A la delincuencia se le combate en uso de las capacidades del Estado mexicano, particularmente mediante el uso de las tareas o acciones de inteligencia. En este orden de ideas, por lo que hace a la filtración de transcripciones vinculadas a la investigación del llamado caso Iguala y Ayotzinapa, dadas a conocer por ejecentral hace unos días, se estima necesario un análisis profuso, integral y objetivo del caso.

En el asunto que se analiza no caben interpretaciones parciales que generan confusión e incertidumbre en la opinión pública y en la sociedad en su conjunto; interpretaciones parciales que buscan el descrédito de las instituciones y de las personas que han tenido a su cargo la investigación de los hechos, y lo más importante, interpretaciones parciales que revictimizan a las víctimas directas e indirectas.

El cúmulo probatorio o datos de prueba que obra dentro de las averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en trámite con relación al caso y en las causas penales que se ventilan en contra de más de 100 personas, todas ellas integrantes de la organización delictiva denominada Guerreros Unidos, debe analizarse a detalle, a la luz del derecho, sin sesgo político o a partir de la sospecha social.

En lo concerniente a la intervención en el asunto por parte de la Fiscalía General de Guerrero, cabe acotar que se trató de un trabajo de equipo en el que participaron muchas personas (peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público). En tal sentido, resulta por demás importante remitirse a la línea de tiempo o cronología de los hechos.

¿Qué ocurrió aquella noche por cuanto hace a la investigación y conocimiento de los hechos por parte del Ministerio Público estatal?

Entre las acciones que se delinearon o implementaron al conocer de la agresión contra los normalistas destaca el intercambio de información con instancias o funcionarios públicos federales y estatales, como el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el delegado de la Procuraduría General de la República, el encargado de la Coordinación de la Policía Federal y mandos de la Novena Región Militar.

La representación social estatal intervino al momento en que tuvo conocimiento de la noticia criminal, esto es a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, cuando un médico de guardia del Hospital General Doctor Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Hidalgo del ingreso de tres personas lesionadas, una de ellas en calidad de desconocida, por lo que se radicó el expediente respectivo.

Fue hasta poco antes de esa hora que se me hizo saber por vía telefónica que se había suscitado un incidente (enfrentamiento o balacera) en la referida ciudad, en la que al parecer, estaban involucrados estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La institución ministerial no era parte del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), por lo que no contó con información en tiempo real.

No obstante lo anterior, hay que destacar las tareas de rescate y resguardo de más de 60 estudiantes que huían o se encontraban escondidos, en un intento por ponerse a salvo de los elementos de la policía municipal que los agredieron sin razón alguna la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre, tal como lo constató personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como las acciones que llevaron a determinar la identidad, en un primer momento, de 22 agentes de dicha corporación en calidad de probables responsables de los hechos, entre los cuales sobresale el trabajo pericial (pruebas de Harrison y Lunge) que permitió concluir que los citados sujetos accionaron sus armas contra los normalistas y que existían correspondencias entre algunos de los elementos balísticos encontrados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de los policías.

En este punto, conforme a la filtración de las transcripciones (de la DEA), resalta lo relativo a la manifestación llevada a cabo por un grupo de transportista (transporte colectivo o taxis) y “policías comunitarios” que en actitud hostil, la tarde del 27 de septiembre exigieron a la Fiscalía General que se liberara al total de los policías municipales que fueron presentados en las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal, por lo que a fin de evitar un incidente de consecuencias mayores (enfrentamiento), la autoridad ministerial determinó la retención y el traslado de 22 de dichos elementos a la ciudad de Acapulco para su posterior consignación.

Tampoco debe olvidarse que como resultado de los trabajos de la Fiscalía General, el 3 de octubre se obtuvieron señalamientos por parte de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala en contra de Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, en el sentido de que fue éste quien ordenó la detención de los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que se procedió a elaborar su
consignación.

Por otra parte, en aquellos días, la representación social estatal solicitó y obtuvo de la autoridad judicial orden de cateo para ingresar a distintos domicilios, entre ellos el del expresidente municipal José Luis Abarca, y obtener indicios, huellas o instrumentos de delito que permitieran robustecer las líneas de investigación con que contaba, lo cual trajo consigo la detención de Luis Alberto José Gaspar, El Tongo; Honorio Antúnez Osorio, El Patachín; Martín Alejandro Macedo Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, todos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, quienes aportaron datos relevantes por cuanto hace a la mecánica de los hechos acontecidos en Iguala.

Con motivo de lo expuesto, en los días siguientes, la Fiscalía General amplió el ejercicio de la acción penal contra 11 personas, lo cual dio un total de 33 personas consignadas, destacando entre ellas el expresidente municipal José Luis Abarca y el exsecretario de Seguridad Pública Felipe Flores Velázquez.

›Derivado de sus investigaciones se conoció el nombre de 25 sujetos que conformaban el grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Iguala, conocido como Los Bélicos, lo que da un aproximado de 60 personas identificadas como implicadas en carácter de responsables de los hechos.
Cabe subrayar que el 1 de octubre de 2014, la representación social solicitó la comparecencia de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, a efecto de que declarara respecto a los hechos acontecidos en esa localidad los días 26 y 27 de septiembre, sin que se hubiese atendido tal prevención, por lo que se giró la orden de localización y presentación respectiva. El mandamiento ministerial no tenía, en modo alguno, el alcance de privar de la libertad a la persona en cuestión, dado que en la citada fecha no existían señalamientos directos para establecer si tuvo algún grado de participación en la agresión perpetrada contra los normalistas y porque gozaba de fuero constitucional.

La Constitución del estado de Guerrero especifica quiénes son los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad política, entre los cuales se encuentran los presidentes de los ayuntamientos; asimismo, establece como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos la declaración de procedencia ante el Congreso local, ya que de lo contrario se actualiza una de las hipótesis previstas en el Código Penal de la mencionada entidad federativa para la acreditación del delito contra la administración de justicia.

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto por la enunciada Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la Fiscalía General presentó y ratificó solicitud de declaración de procedencia ante el Congreso estatal, al igual que juicio de revocación de mandato, en contra del alcalde Abarca Velázquez, y una vez que se determinó procedente esta última promoción, se notificó tal resolución al Ministerio Público para los efectos legales a que hubiese lugar, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de la enunciada persona en calidad de probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, siendo obsequiado el mandamiento judicial de captura por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo y cumplimentado días después.

Si se analiza a detalle el contenido de las conversaciones escritas que han sido filtradas por medios periodísticos, pareciera que quienes participaron en ellas soslayaron todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía general desde el momento mismo en que tuvo conocimiento de los hechos, resaltando que cuando se dice (tarde del 27 de septiembre) que debía solicitarse apoyo “al Estado”, ya se habían llevado a cabo acciones tendientes a establecer la autoría material e intelectual de los hechos. Aun más, hasta donde hoy se sabe, particularmente de la lectura de la averiguación previa que se ha hecho pública por parte de la Procuraduría General de la República e incluso de los Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la fecha no existen señalamientos certeros o contundentes en el sentido de que personal de la Fiscalía General haya prestado algún tipo de auxilio a los grupos criminales implicados en los hechos.

Es importante mencionar que las tareas de búsqueda de los estudiantes por parte de la Fiscalía fueron permanentes desde el primer momento y que en ellas intervinieron de manera coordinada autoridades federales (PGR, PF, Ejército y Marina) y estatales (SSPE), porque ahora, pareciera, nada se hizo para encontrar y resguardar a las víctimas directas; cuando lo cierto es que siempre existió un objetivo común en ese sentido, a pesar de que fueron días de mucha confusión sobre el tema, en lo relativo al número de no localizados o desaparecidos.

Como ya se mencionó, en un primer momento, elementos de la Policía Ministerial rescataron a más de 60 estudiantes, siendo hasta varias horas después, esto es por la tarde del 27 de septiembre, que representantes legales de las víctimas hicieron entrega de un listado de los normalistas que no aparecían.

El listado de más de 60 estudiantes desaparecidos en principio, se redujo a 58, había algunos nombres repetidos, y posteriormente, esto fue el 30 de septiembre, se informó que fueron ubicados 14 alumnos, seis de ellos en sus casas, siete en la escuela y uno más sin vida (Julio César Rodríguez Ventura), además de advertirse que había un nombre duplicado o equivocado (Benjamín Ascencio Bautista, quien aparecía como Benjamín Acergo Bautista), siendo entonces cuando surgió el número 43, hoy por todos conocido, esto es varias horas después de ocurridos los hechos, sin que hasta antes de ello existiese información consolidada o fehaciente en ese sentido, pues ni las autoridades de la normal rural, ni los representantes legales contaban con una cifra exacta o certera del número de jóvenes que acudió a Iguala y el número que se encontraba en calidad de no localizados o desaparecidos.

Debe tenerse presente que fue hasta el 28 de septiembre que se interpuso una denuncia por desaparición de personas, en agravio de 57 estudiantes de Ayotzinapa, y que no obstante ello, la Fiscalía General ya había iniciado un acta circunstanciada sobre el tema, por lo que se instrumentaron las tareas de búsqueda correspondientes.

El propio abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, reconoció en una entrevista que concedió días después de los hechos que primero se buscaron a 57 a normalistas, que de esa lista había un nombre duplicado y que se agregó a un estudiante más como desparecido, el cual se creyó que estaba con su familia.

“Hay dificultades en los primeros días. Estamos hablando del día 28, 29, hasta 30 todavía tenemos dificultades para reagrupar a los estudiantes. Todos los de primer año que estuvieron en los hechos, es difícil poder reagruparlos, porque muchos de los sobrevivientes se fueron a sus casas, el recuento estaba siendo difícil. Entonces, el primer recuento que tenemos es de 57 estudiantes desaparecidos, incluso la denuncia penal que se interpone en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero es con ese número y como prueba se dan los expedientes escolares de ellos, en los que aparecen sus certificados y boletas, y esas son las fotos que hoy están circulando”, afirmó el abogado Rosales.

Además, añadió que hasta el 30 de septiembre se tuvo el número exacto de normalistas desaparecidos y que hubo dificultad para reconocer el cuerpo de Julio César Ramírez Nava, así como un nombre estaba duplicado en la lista de los 57 estudiantes.

Resta decir que rendí declaración ministerial ante la Procuraduría General de la República en el momento en que fui requerido y que comparecí en tres ocasiones ante las Comisiones Legislativas creadas a nivel estatal y federal para el seguimiento del caso Iguala, a pesar de que en la última de las mismas ya no era servidor público y no existía imperativo legal para ello.

Aun cuando a la fecha hay quien no lo recuerda, la Fiscalía a mi cargo, elaboró un informe integral sobre el caso que hizo público en conferencia de prensa y mediante su entrega a diversos medios de prensa, en el cual se detallan las acciones llevadas a cabo por dicha institución en la atención del asunto de mérito.

El tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre, por el contrario, la verdad siempre se abre camino, por lo que más temprano que tarde sabremos en forma fehaciente e indubitable qué ocurrió aquella noche en la ciudad de Iguala.