CHILPANCINGO, Gro. Por Ezequiel Flores Contreras , 22 agosto, 2018 .- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene “vetado” al gobierno de Héctor Astudillo Flores por no comprobar recursos públicos del programa denominado Incorporación de mujeres indígenas a posgrados para el fortalecimiento regional.

La medida restrictiva fue impuesta desde febrero pasado por la directora adjunta de Posgrado y Becas del organismo federal, Gisela Morales González, quien advirtió que, en caso de no entregar los informes financieros del programa, la administración astudillista “no podrá participar en próximas convocatorias hasta no finiquitar el apoyo pendiente”, según indica un informe oficial.

Ello, debido a que el director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Estatal (Cocytieg), Víctor Hugo González Torres, se ha negado de manera sistemática a comprobar y transparentar los recursos federales destinados al programa de fortalecimiento académico de mujeres indígenas que aspiran a realizar estudios de posgrado de 2013 a 2015, indica el documento del Conacyt.

La opacidad financiera del gobierno de Astudillo afecta directamente a mujeres indígenas que aspiran a una beca federal para estudiar un posgrado, así como a investigadores que dependen de recursos públicos para realizar trabajos académicos y de innovación.

El Cocytieg es un organismo dirigido por González Torres y administrado por Ángel Montaño Salinas, cuyo único mérito es ser hermano del subsecretario de Egresos del gobierno estatal, Eduardo Montaño.

Ambos carecen de trayectoria académica o de investigación.

Además de los recursos federales que recibe para otorgar becas a sectores vulnerables, estudiantes, investigadores y académicos, de los cuales no rinde informes financieros, el Cocytieg es beneficiado con el dinero que se genera por las multas impuestas por el órgano electoral estatal a partidos políticos.

De acuerdo con el artículo 458 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

No obstante, tanto el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) como el Cocytieg, manejan de forma discrecional estos recursos y se niegan a transparentar en sus portales oficiales el monto y destino de las sanciones impuestas a partidos que deberían ser aplicadas en el fomento científico, como lo indica la Ley de Transparencia.