Bernardo Torres/API

Chilpancingo, Gro. 19 de Agosto del 2018.- Un Juez Federal, sentenció al activista Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) a seis meses de trabajo comunitario, el cual cumplirá alfabetizando a personas adultas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.

Chávez Adame informó este domingo, que el juez decretó la suspensión condicional de su proceso, que consistía en acudir a firmar cada 15 días a la sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, por la causa penal  27/2017 por su probable participación en el delito de “Impedir el Ejercicio de un Servicio Público”.

Chávez Adame con otros siete miembros de su colectivo enfrentaban acusaciones del orden federal, por haber tomado el año pasado el edificio donde se encuentran las oficinas del programa Propera en Guerrero, por el despido injustificado de varias trabajadoras.

En dos ocasiones fue detenido por este caso, pero pudo seguir su proceso en libertad tras el pago de una fianza, sin embargo hace unos meses, los ocho imputados decidieron entregarse de manera voluntaria, y este 13 de agosto el Juez Federal, José Miguel López Rodríguez decretó esta sanción.

Sin embargo, Nicolás Chávez Adame, también está obligado prestar servicio social en la Universidad Pedagógica nacional, Unidad 12-A en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en donde realizará las actividades que le sean asignadas, 12 horas al mes, por un plazo de seis meses.

A residir en el domicilio que registró ante dicho Centro de Justicia Penal Federal; contar con empleo o trabajo, pudiendo ser, como especificó en la audiencia, como profesor de Educación Especial.

En conferencia de prensa, el profesor Chávez Adame, adelantó que más que una sentencia es un honor, el que le permiten de alfabetizar a personas que no saben leer ni escribir, pero que también será una oportunidad para concientizar a la ciudadanía sobre el contexto político y social que se vive en el país.

Dijo que empleará un nuevo modelo, al que ha denominado “Alfabetización Concientización”, a fin de que no sea un trabajo robotizado “todos los que quieran venir se va dar antes un contexto de la lucha social, de la vida económica y política, para que no sólo vengan a aprender a leer y escribir”.

Las otras siete personas implicadas en esta sanción, también estarán cumpliendo con trabajo comunitario, algunas como las ex trabajadoras de Prospera en el Ayuntamiento cumpliendo diversas funciones, otros en escuelas, y en seis meses quedarán absueltos del delito que se les imputa. (Agencia Periodística de Investigación)